Esta noticia habla sobre aquellas empresas que son utilizadas o trabajan para el crimen organizado. Y que desde que se descubrieron por el gobierno de EE.UU. han estado bajo observación por este mismo gobierno ya que lo consideran terroristas. Esto enfrenta un enorme problema ya que enfrenta la proveeduría de bienes y servicios en la industria energética y otros sectores estratégicos es demostrar que está libre de vínculos con el narcotrafico y el lavado de dinero. Consideró que el problema no es solo penal, sino económico y reputacional. “Una compañía mexicana que exporta a Estados Unidos o que recibe financiamiento de instituciones de ese país puede ver comprometida toda su operación si, sin saberlo, trabaja con un proveedor cuyo accionista o representante legal aparezca en listas de sanciones o de lavado de activos.
El castigo potencial va desde la imposibilidad de colocar productos en el mercado estadounidense hasta el bloqueo de activos”.